El Sistema de Discapacidad del Seguro Social es vital para los trabajadores discapacitados ya que con frecuencia es el único recurso financiero que les impide vivir en pobreza extrema. Los beneficios de ganar una reclamación de SSD incluyen no solo beneficios mensuales sino también eventualmente la elegibilidad para Medicare.
Discapacidad y la Evaluación Secuencial
La Ley del Seguro Social establece que ciertas personas que están discapacitadas recibirán beneficios por discapacidad. El concepto legal de discapacidad comprende tanto un elemento médico como uno vocacional. La Ley del Seguro Social define el término discapacidad como la incapacidad para realizar cualquier actividad sustancial y lucrativa debido a cualquier impedimento físico o mental médicamente determinable, que se espera que resulte en la muerte o que haya durado o se espere que dure un período continuo no menor a 12 meses. Este es el componente médico de la definición legal de discapacidad.
La Ley también establece que un reclamante será considerado discapacitado solo si su impedimento o impedimentos son de tal gravedad que no solo no puede realizar su trabajo anterior sino que, considerando su edad, educación y experiencia laboral, no puede realizar ningún otro tipo de trabajo sustancial y lucrativo que exista en la economía nacional, independientemente de si dicho trabajo existe en el área inmediata donde vive, o si existe una vacante específica para él, o si sería contratado si solicitara trabajo. Este es el componente vocacional de la definición de discapacidad.
La Administración del Seguro Social (SSA) ha implementado la definición anterior de discapacidad aplicando la evaluación secuencial de cinco pasos para decidir si un reclamante está discapacitado y por lo tanto tiene derecho a beneficios bajo el Título II (Seguro de Discapacidad del Seguro Social) o el Título XVI (Ingreso de Seguridad Suplementaria) de la Ley del Seguro Social. El proceso se conoce comúnmente como la Evaluación Secuencial. Consiste en una investigación de cinco pasos, con preguntas formuladas en un orden específico, hasta que una pregunta se responde afirmativa o negativamente de tal manera que se pueda tomar una decisión de que un reclamante está discapacitado o no.
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